Desde la publicación de la transcripción de un audio no confirmado sobre supuestas conversaciones telefónicas de Juan Díaz, operador de Caval, interceptadas por el OS-9 de Carabineros, que apuntaban a Michel Bachelet como involucrada y beneficiada con el Caso, y la consiguiente querella criminal impuesta por la mandataria por los delitos de injurias y calumnias en contra de Revista Qué Pasa, las reacciones han salido de todos los sectores, y el foco se ha centrado en un solo azotado: El Periodismo.
Luego de que el semanario del Grupo Copesa publicara una nota en la que se comprometía a la Presidenta de la República en el fraude inmobiliario ejercido por su hijo; Sebastián Dávalos, en el Caso Caval, Bachelet presentó una querella criminal contra el director del medio, un editor y dos periodistas, argumentando que: con la presentación de la querella estoy haciendo uso del derecho a defenderme, a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: su honra”.
Acto seguido, y luego de la modificación de la nota en cuestión, Revista Qué Pasa se defendió de la acusación por medio de una declaración pública, aludiendo que la mandataria no está exenta al escrutinio y fiscalización que los ciudadanos y medios de comunicación efectúan para controlar el poder en democracia, y acusando un atentado contra la libertad de expresión.
Polémica
El escándalo no demoró, y fueron las palabras del abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla, las que encendieron la polémica que ahora gira en torno al poder, la justicia y el periodismo. Por su parte, la Asociación Nacional de Prensa y el Colegio de Periodistas rechazaron la acción judicial, afirmando que cualquier intento de acallar un medio constituye un acto de censura. El gobierno, desde su escenario, respaldó la decisión de la Jefa de Estado.
Delitos y penas
Por el supuesto delito y los efectos de la querella, la mandataria fijó domicilio en”calle Moneda sin número, comuna y ciudad de Santiago”, y solicitó una pena de tres años de cárcel para los cuatro periodistas y el pago de una multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales ($6,8 millones según el valor de junio).
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